PAGE 3 DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 01096 7 de febrero de 2007 DAGJ-0109-2007 Licenciada Aida Cristina Sinclair Myers Secretaria a.i. ESCUELA JUDICIAL Estimada señora: Asunto: Consulta relacionada con las disposiciones de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Se refiere este Despacho a su oficio Nº 148-CD/EJ-06, trasladado a esta División el pasado 18 de enero, mediante el cual nos comunica que el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, según Acuerdo de la sesión Nº 18 del 16 de noviembre de 2006, dispuso solicitar el criterio del Órgano Contralor, en torno a la viabilidad jurídica de impartir cursos de capacitación relacionados con el uso de los “Sistemas de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) y Gestión de Despachos Judiciales”, a quienes aspiren a desempeñar un cargo en la judicatura. La consulta se plantea en los siguientes términos: “Antes de resolver lo que corresponda, se traslada una petición de consulta a la Contraloría General de la República, en relación con la viabilidad jurídica de impartir cursos y otros mecanismos de capacitación a personas que ostenten la calidad de aspirantes elegibles a cargos de la Judicatura, a partir de las reglas que establece la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública u otras normas que regulen el legítimo funcionamiento de la Hacienda Pública”. Sobre el particular, y con vista en el Acuerdo de mérito y los antecedentes remitidos al efecto, este Despacho no detecta en el memorial de consulta, el planteamiento de alguna inquietud puntual en cómo o de qué forma, la decisión de llegar a exigir el conocimiento y manejo en los Sistemas antes relacionados, y en particular el impartir los cursos en mención a los interesados y postulantes, pueden llegar a constituir una lesión a las disposiciones de la Ley cont ...

PAGE 2 DIVISIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA 6 de febrero de 2007 DAGJ-0107-2007 Licenciado Daniel Sáenz Quesada Gerente DIVISIÓN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Estimado señor: Asunto: Consulta del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Contraloría General de la República de Paraguay. Se refiere este Despacho a su oficio Nº DEI-04 del 1º de febrero del año en curso, mediante el cual nos solicita la revisión del Convenio antes mencionado, lo anterior a fin de remitirlo a la señora Contralora General para la firma respectiva. Sobre el particular, y luego de revisar el contenido de dicho Convenio, pasamos a formular algunas consideraciones y observaciones en torno a su articulado. En primer lugar, la firma de un Convenio de este tipo, encuentra como un elemento necesario y de acreditación indispensable, la voluntad de las Partes no solo para firmarlo sino además para llegar a ejecutarlo, y así obtener los beneficios previstos de manera recíproca, sin embargo esta División desconoce el origen de la iniciativa, y si existe documentación o conversaciones anteriores que sirvan como antecedentes, y a la vez evidencien el interés y la intención que la Contraloría General pudiera tener como institución relacionada. En ese sentido, y si es que esa valoración no se ha hecho aún, el ejercicio pasa por realizar un juicio de conveniencia y oportunidad, tomando como base el objetivo señalado en el Artículo Primero del texto propuesto, cual es el “(...) establecer programas de cooperación o intercambio en los aspectos científicos y técnico, en el área de control y fiscalización del manejo de los recursos públicos”, así como las implicaciones y los compromisos por adquirir, todo esto sin pasar por alto claro está, las posibilidades y el interés real que pueda tenerse en el desarrollo conjunto de actividades, examen que en todo caso desborda a esta División. Ahora bien, teniendo a la vista el cúmulo de actividades que ...

DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA 11 de diciembre de 2006 DAGJ-1991-2006 Licenciado Ronald Bejarano Izabá Gerente de Área ÁREA DE DENUNCIAS Y DECLARACIONES JURADAS Estimado señor: Asunto: Aclaración del oficio Nº DAGJ-1927-2006. Con relación al oficio de mérito, este Despacho se permite aclarar que en el párrafo último de la página sexta, debe leerse lo siguiente: “(...) Por otra parte, no vemos razón para no permitir que la autenticación respectiva, la pueda realizar un abogado de la misma entidad en la que labora o presta sus servicios el declarante, lo anterior en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que reúna los requisitos académicos, legales y profesionales necesarios y suficientes para ello, por lo cual ese profesional en derecho, no podrá recibir remuneración alguna”. Atentamente; Lic. Allan Ugalde Rojas Lic. Jaínse Marín Jiménez Gerente Asociado Fiscalizador JMJ/Rbr Ci: Archivo Central NI: FOE-DDJ-3127 G: 2006005575-1 ] ...

DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA 17 de noviembre de 2006 DAGJ-1856-2006 Señora Rocío Aguilar Montoya CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Estimada señora: Asunto: Consulta sobre el criterio de la División en torno al recurso de apelación interpuesto por el señor Gerardo Porras Sanabria, Gerente General Corporativo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, contra lo dispuesto por el informe DFOE-FEC- 13-2006. Nos referimos a su oficio No. CO-0427, de fecha 3 de octubre de 2006, recibido en esta División de Asesoría y Gestión Jurídica el mismo día, en el cual se nos solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 de la Ley General de la Administración Pública, emitir criterio en torno al recurso de apelación que se indica en la referencia. A continuación remitimos a su consideración el presente informe para lo que Usted tenga a bien resolver. I. ANTECEDENTES: i) La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Financieros, Economía y Comercio de la Contraloría General de la República (en adelante DFOE) emitió el informe No. DFOE-FEC-13-2006, de 21 de julio de 2006, “Estudio sobre la actividad de contratación administrativa desarrollada por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal durante los años 2004 y 2005”. ii) Mediante el oficio No. GGC-899-2006, de fecha 26 de julio de 2006, el señor Gerardo Porras Sanabria, en su condición de Gerente General Corporativo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del referido informe No. DFOE-FEC-13-2006. 2 iii) La DFOE mediante oficio No. 12577 (FOE-ED-0012) del 4 de agosto de 2006, resolvió el recurso de revocatoria, declarando parcialmente con lugar el mismo. Ello en virtud de las siguientes consideraciones, que seguidamente pasamos a exponer de manera resumida, en ...

1 10 DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JURIDICA Al contestar refiérase al oficio N° 08930 27 de junio de 2006 DAGJ-1052-2006 Señores Wálter Ramírez Ramírez Gerente de División Federico Castro Páez Gerente de Área de Ingresos Públicos DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA Estimados señores: Asunto: Consulta sobre el procedimiento para disponer del equipo de cómputo. Nos referimos a su oficio No. DFOE-220 de 30 de mayo de 2006, mediante el cual consulta el criterio de esta División de Asesoría y Gestión Jurídica acerca de la forma en que habría que proceder para la disposición del equipo de cómputo asignado a los funcionarios de esta Contraloría General, Manuel Fernández Carvajal y Jorge Cortés Villegas, que no se encuentran laborando en virtud de que sobre los mismos ha recaído una sentencia condenatoria penal, que aún no se encuentra firme y se desconoce el lapso que podría tardar esa situación. Se indica en su misiva que por no existir en esta entidad un protocolo formalmente establecido para poder disponer del equipo de cómputo propiedad del órgano contralor, se plantea la inquietud de si debería aplicarse un procedimiento para proceder con la apertura de dicho equipo, la revisión del contenido del mismo, el traslado de la información que corresponda a un medio magnético, y finalmente el reformateo de tal instrumento informático. Se adjunta un formato de acta el cual estiman que se podría utilizar para estos propósitos. · NUESTRO CRITERIO: Como asunto de primer orden, es menester recalcar que nos encontramos frente a bienes y servicios públicos que pertenecen a esta Contraloría General, y que por tanto les son asignados a los funcionarios para el debido cumplimiento de las labores propias de su cargo. Resulta claro que tales bienes y servicios deben ser utilizados únicamente para el ejercicio de las funciones públicas, quedando en principio prohibido el que los servidores hagan uso de los mismos para fines privados. Lo anterior, evident ...

1 2 DIVISION DE ASESORIA Y GESTION JURIDICA Al contestar refiérase al oficio N° 08922 27 de junio de 2006 DAGJ-1050-2006 Máster Enrique Muñoz Aguilar Jefe UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Estimado señor: Asunto: Se emite criterio sobre el pago de preaviso por parte de servidores que pasan a prestar sus servicios a otras entidades públicas sin solución de continuidad. Damos respuesta a su oficio DEI-URH-230 de 10 de mayo de 2006, mediante el cual nos formula consulta respecto a la obligación que tienen los servidores de rendir el preaviso correspondiente conforme a las reglas del artículo 28 del Código de Trabajo, so pena del deber de la Administración de cobrarle al servidor su omisión total o parcial en dar ese aviso previo, en situaciones en las que los funcionarios pasan a prestar en forma continua sus servicios a otros órganos y entidades públicas, ya que la duda estriba en la procedencia jurídica de la aplicación de la doctrina del Estado como patrono único en estos casos. I. Criterio del Despacho Para atender la presente consulta, nos permitimos primeramente referirnos brevemente al régimen general que regula la materia objeto de consulta, el cual tanto en el sector público como en el privado se origina en el instituto del preaviso regulado por el artículo 28 del Código de Trabajo, que consiste en una notificación previa de carácter obligatorio que la ley dispone a cargo de la parte que pone término a la relación laboral –sea el patrono o el servidor-, permitiendo al primero suplir con antelación al recurso humano que se marcha a fin de no afectar al servicio público, en tanto que al segundo le ofrece la posibilidad de poder tener tiempo de conseguir otro trabajo. Cabe señalar que si bien el Código de Trabajo permite al patrono renunciar expresa o tácitamente a este aviso previo, en el sector público en principio eso no es factible jurídicamente, como bien ha sostenido tanto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (resolución No.98 de las 10: ...

PAGE 4 DIVISIÓN DE ASESORIA Y GESTION JURÍDICA Al contestar refiérase al oficio N° 04521 29 de marzo del 2006 DAGJ-0591-2006 Licenciado Gerardo González Esquivel Presidente ASAMBLEA LEGISLATIVA Estimado señor: Asunto: Consulta en torno a la procedencia jurídica de que un asistente de una auditoria interna funja como miembro de una Junta Directiva. Se refiere este Despacho a su oficio No.274-GGE-05 de fecha 07 de marzo de 2006, en el cual nos indica que amparado a sus derechos como diputado solicita criterio respecto a si “puede un funcionario (asistente) de un departamento de auditoria de una municipalidad (no ocupa el cargo de auditor ni de subauditor), ser miembro de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), teniendo en cuenta que no existe superposición horaria”. · CRITERIO DEL DESPACHO Nos permitimos atender su gestión con fundamento en lo que dispone el artículo 2 aparte octavo de la Circular No. CO-529 publicada en La Gaceta No.107 del 5 de junio de 2000, en relación con el artículo 29 párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, que nos faculta a ejercer la potestad consultiva para evacuar las solicitudes que dirijan los órganos parlamentarios al Órgano Contralor, aunque debe advertirse que nuestro criterio jurídico no se referirá o analizará situaciones concretas, para evitar incurrir indebidamente en una coadministración, sino que lo que se procurará es brindar los elementos jurídicos a considerar para que con las luces y asesoría legal respectivas los operadores jurídicos puedan proceder a resolver las situaciones específicas que conocen, según las diversas circunstancias fáctico, jurídicas y probatorias que están en la base del asunto de que se trate. Sobre la consulta que en concreto nos formula, es menester primeramente referirnos a las exigencias de imparcialidad e independencia que son consustanciales a la función de auditoría, principios que las normas legales y técnicas recogen y garan ...